Martes, 17 Septiembre 2013 21:02

Blindemos las pensiones

Escrito por Jose Asensi Sabater
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Por su interés, reproducimos el artículo "Blindemos las Pensiones" de Jose Asensi Sabater, publicado originalmente en www.informacion.es.

La Constitución española, en su art. 50, establece lo siguiente: «Los poderes públicos garantizarán, mediantes pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad».

El texto es suficientemente claro por lo que se refiere a la garantía del sistema público de pensiones, uno de los pilares esenciales del Estado Social. No olvidemos que la Constitución define a España como un «Estado Social y democrático de Derecho».
Pero no es tan claro para Rajoy y su ministra Fátima Báñez, la liquidadora. Este Gobierno, sumiso a Bruselas, se mueve a las órdenes de los genios de la privatización de servicios y bienes públicos, una línea ideológica que conspira contra la letra y el espíritu de la Constitución.

En realidad, desde Maastricht la lógica de la Unión Europea, impulsada por la alianza antinatural de neoliberales y conservadores, cuya única ley es la «libre competencia» (un eufemismo que esconde la formación de monopolios y la concentración de grandes capitales en aseguradoras y corporaciones del capital), trata por todos los medios, incluido el chantaje de los rescates, de desmantelar los muros normativos que se oponen a sus planes, bien forzando la reforma de las Constituciones como la furtiva del art. 135 de la CE bien creando de hecho situaciones que vacían de contenido las previsiones constitucionales. Se trata de un asalto en toda regla, no tengan duda.

De ahí que, ante el desamparo en que el Gobierno deja a la ciudadanía, la sociedad civil se tiene que movilizar para detener el asalto. Numerosos ejemplos lo indican: organizaciones médicas se plantan ante los turbios planes de privatización de hospitales; profesores y familias se movilizan en defensa del derecho fundamental a la educación: es la propia sociedad civil la que cada día es más consciente de lo que les espera de prosperar esta marea liquidadora: entregar todo lo que ha significado progreso, seguridad, bienestar e igualdad de oportunidades; es decir, ser despojados de los derechos de ciudadanía.

Ahora le toca el turno a las pensiones, sobre las cuales Bruselas lleva poniendo el ojo desde hace tiempo. Es verdad que el sistema de pensiones es perfectible y que precisa de algunos cambios para asegurar su sostenibilidad. Pero esos cambios son incompatibles con las políticas de recorte y de privatizaciones impulsadas desde Europa, cuyos objetivos últimos son otros bien distintos, cada día más indisimulados.

La cuestión es que ante los planes de Fátima Báñez de introducir por la puerta trasera una «reforma» de las pensiones que, a corto plazo, va suponer un recorte de las prestaciones (pese a que se diga que el factor sostenibilidad entrará en vigor en dos mil diecinueve) y, a medio plazo, su progresiva privatización, la respuesta tiene que ser, además de rechazar el plan en el Parlamento, blindar todavía más el texto constitucional.


Así que me parece digna de todo respeto la iniciativa de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) de plantear una reforma constitucional del citado art. 50 CE, para prohibir explícitamente la privatización de las pensiones, precedida de un Referéndum y de un amplio debate de la ciudadanía.

La movilización de la ciudadanía es indispensable para frenar los planes de la derecha de dar el cambiazo al Estado Social, un ámbito de derechos, para convertirlo en una selva de intereses aderezado con la nota de la caridad, como ese programa vomitivo de la Primera, «Entre Todos», se apresura a vendernos.

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